Indecencia

---

Introducción

Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile ha enfrentado un progresivo deterioro en la confianza ciudadana hacia todas sus instituciones. Muchos señalan que el problema de fondo es la falta de valores y principios de servicio público en las élites socio-políticas y económicas del país. Esta “indecencia” se refleja en múltiples casos de corrupción, colusión y malas prácticas que han involucrado a los principales actores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a altos mandos de fuerzas armadas, policiales e importantes grupos empresariales. Cada nuevo escándalo socava la fe pública en que autoridades y líderes actúen buscando el bien común, alimentando así una profunda crisis de legitimidad institucional. El resultado es un círculo vicioso: la ciudadanía, desencantada, alterna su apoyo entre distintos bloques políticos en busca de respuestas, pero una y otra vez se decepciona al ver que ningún sector ha estado libre de prácticas indecentes.

En este ensayo examinaremos cómo, tras la promesa de “La alegría ya viene” con el fin de la dictadura, la realidad de las últimas tres décadas ha estado marcada por escándalos éticos y corrupción sistemática. Revisaremos hechos concretos desde los años 90 hasta la actualidad, cubriendo todos los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– por igual, incluyendo también a Carabineros, Fuerzas Armadas y grandes empresas, para ilustrar cómo la falta de probidad y de compromiso con el bien común se ha extendido por la estructura institucional chilena. Asimismo, presentaremos datos objetivos (como encuestas y estudios) que evidencian la pérdida de confianza social en prácticamente todas las instituciones, consecuencia directa de esta “indecencia” transversal. Cada caso citado estará respaldado con referencias de fuentes confiables, para fundamentar con evidencia el diagnóstico de este problema.

---

Del entusiasmo al desencanto: 30 años de promesas incumplidas

En 1988, la campaña del “No” a Pinochet unió al país con el lema “¡La alegría ya viene!”, anticipando un futuro de democracia, prosperidad y justicia. En efecto, con el inicio de los gobiernos de la Concertación (centroizquierda) en 1990, había altas expectativas de construir un Chile más equitativo y ético. Sin embargo, con el tiempo muchos chilenos comenzaron a percibir que aquella “alegría” prometida nunca llegó del todo. Si bien el país logró estabilidad y crecimiento económico, salieron a la luz prácticas corruptas y falta de probidad en autoridades que minaron la fe en el nuevo sistema.

Ya en las décadas de 1990 y 2000 ocurrieron escándalos emblemáticos durante gobiernos democráticos. Por ejemplo, el Caso MOP-GATE (destapado en 2003) reveló una gran red de sobresueldos ilegales en el Ministerio de Obras Públicas bajo la administración del presidente Ricardo Lagos. La investigación — asumida por la jueza Gloria Ana Chevesich — documentó fraudes al fisco por más de $1.253 millones de pesos mediante contratos sobrevalorados y pagos por trabajos no realizados. Varios funcionarios, incluyendo un exministro, fueron procesados y condenados por estos hechos, aunque con penas menores en su mayoría. Este escándalo, considerado el mayor de ese gobierno, marcó un quiebre en la imagen de transparencia de la Concertación. Otro caso temprano fue el Caso Coimas (2002), donde se investigó el pago de sobornos a parlamentarios y funcionarios para favorecer licitaciones, evidenciando que incluso congresistas de la joven democracia incurrían en prácticas propias del antiguo régimen.

La ciudadanía reaccionó con desilusión ante estas revelaciones. La alternancia política que vino después en parte refleja ese desencanto: tras cuatro gobiernos consecutivos de centroizquierda sin lograr erradicar malas prácticas,tras el primer gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet (2006–2010), el electorado eligió en 2010 a Sebastián Piñera, empresario millonario perteneciente a la élite económica. Piñera cargaba con un polémico historial: en 1982, con 33 años, fue declarado reo (procesado) por el fraude del Banco de Talca y huyó de la justicia durante 24 días. Aunque finalmente evitó la condena, este antecedente marcó su reputación. Muchos criticaron la “indecencia” de llevar al poder a un magnate acusado de estafa bancaria, mostrando la débil memoria histórica y la tolerancia del electorado hacia la falta de probidad en las altas esferas.

Sin embargo, tampoco la derecha estuvo a la altura moral esperada. En la última década, los chilenos han visto cómo ninguna coalición política escapa a la corrupción: a los casos de la era Concertación se sumaron luego los de gobiernos de derecha y nueva centroizquierda. Esta falta de diferencias éticas entre bloques socavó la capacidad de cualquier proyecto político para “convencer a la ciudadanía”, en palabras del usuario, dando pie a una grave crisis de representación.

La siguiente década evidenció un vaivén político: Bachelet volvió al poder en 2014, seguida por un segundo mandato de Piñera en 2018. Esta partidocracia binaria preparó el terreno para la crisis. Durante el segundo gobierno de Piñera ocurrió el Estallido Social de octubre 2019, una ola de protestas masivas contra la desigualdad. La respuesta del gobierno fue duramente cuestionada. Piñera llegó a declarar que Chile estaba “en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie” — palabras dirigidas contra los manifestantes violentos, pero que provocaron temor al evocar la retórica de la dictadura. En medio del caos, decenas de estaciones de Metro de Santiago fueron incendiadas de forma coordinada, y hasta hoy no está claro quiénes fueron los responsables intelectuales de esos ataques. La ausencia de culpables identificados alimentó numerosas teorías, generando una profunda desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

El fracaso de los dos procesos constitucionales recientes ejemplifica esta crisis de confianza. En 2022, la ciudadanía rechazó con un 62% de los votos una propuesta de Constitución impulsada por una Convención dominada por sectores de izquierda y movimientos sociales. Un año más tarde, en 2023, volvió a rechazar ampliamente (con más del 65% de votos) un segundo proyecto constitucional, esta vez elaborado bajo la influencia de una mayoría político-partidista más conservadora. Es decir, ambas visiones — la “progresista” y la “conservadora” — fueron repudiadas en las urnas. Analistas han interpretado que este doble rechazo no es un mero “giro ideológico” del electorado, sino una manifestación del malestar profundo hacia el sistema político en su conjunto. Como señaló CIPER, el voto por el Rechazo fue más bien “una muestra de descontento ciudadano con cómo se están haciendo las cosas en el sistema político en su conjunto” y evidencia “lo aguda que es la crisis de legitimidad que tenemos sobre nuestras instituciones políticas”. En otras palabras, una mayoría transversal de chilenos — venga de izquierda, centro o derecha — dejó claro que no confía en sus élites dirigentes para redactar una nueva Carta Fundamental. Este escenario de “anomia” o incapacidad de la sociedad para consolidar acuerdos básicos es el resultado de décadas de promesas incumplidas, escándalos reiterados e impunidad relativa, que han degradado el contrato social.

Tras esa convulsión social, Chile enfrentó en 2021 una elección presidencial inéditamente polarizada. En la segunda vuelta se enfrentaron José Antonio Kast Rist, un político ultraconservador admirador de la dictadura de Pinochet, y Gabriel Boric Font, un joven ex líder estudiantil de izquierda. Analistas describieron esta contienda como un choque entre “comunismo y fascismo”, ilustrando hasta qué punto el país se vio forzado a optar por extremos ideológicos. Kast, de 55 años, líder del Partido Republicano, fue etiquetado por muchos como candidato de extrema derecha — incluso “cripto-fascista” en algunos medios internacionales — debido a su defensa abierta del régimen militar y sus posturas antiliberales. Boric, de 35 años, representó a la coalición de izquierda Apruebo Dignidad (aliada con el Partido Comunista) y se convirtió en el presidente electo más joven de la historia chilena. Si bien su triunfo con el 56% de los votos fue contundente, su falta de experiencia previa en gobierno generó dudas. De hecho, sus detractores lo consideraban “demasiado joven e inexperto” para liderar el país, temiendo que pudiera ser manipulado por líderes más radicales de su coalición.

El resultado de 2021 parecía reflejar un experimento social de la élite política, empujando al electorado a elegir el “mal menor” entre dos opciones percibidas como extremas. Esta situación ha continuado evolucionando. Hacia 2025, nuevamente las encuestas proyectan un escenario de polarización extrema: por primera vez en la historia chilena, una amplia alianza oficialista presenta a una militante comunista — la exministra Jeannette Jara — como su candidata presidencial, mientras que la derecha podría llevar otra vez a José Antonio Kast como abanderado. De mantenerse las tendencias actuales, la elección podría definirse entre Jara (Partido Comunista) y Kast (extrema derecha), dos candidatos con posiciones diametralmente opuestas. Expertos señalan que Chile vive un fenómeno atípico, con el eje político desplazándose hacia los polos: el centro tradicional se ha vaciado y muchos votantes han migrado ya sea a la ultraderecha o a la izquierda, desencantados con las promesas incumplidas de igualdad y bienestar.

Este vuelco hacia los extremos resulta inédito e inquietante. Jara, de 51 años, sería la primera presidenta chilena surgida del Partido Comunista, algo sin precedentes desde el retorno a la democracia. A nivel mundial, la llegada de comunistas al poder por vías plenamente democráticas ha sido extraordinariamente rara — incluso en Europa solo Chipre y la exsoviética Moldavia han tenido presidentes declaradamente comunistas en tiempos recientes. Chile mismo solo tuvo la experiencia de Salvador Allende (1970), un presidente socialista marxista electo democráticamente, cuyo gobierno terminó trágicamente en un golpe de Estado. Que hoy, en pleno siglo XXI, Chile enfrente la posibilidad de escoger entre un líder de ultraderecha y una líder comunista plantea serias interrogantes. Muchos se preguntan si la élite sociopolítica y económica del país está “experimentando” con la estabilidad del sistema democrático, presentando alternativas tan antagónicas que ponen a prueba la madurez y el juicio del electorado.

Fomentando el debate crítico de cara al futuro

Frente a este panorama, resulta imperativo generar debate y pensamiento crítico tanto en la ciudadanía como entre los propios líderes políticos. Chile pasó de ser considerado un “oasis” de estabilidad en Latinoamérica a convertirse en un país donde conviven la desconfianza en las instituciones, la frustración social y la tentación de soluciones radicales. Esta transformación obliga a reflexionar: ¿Cómo se llegó hasta aquí y qué camino conviene seguir?

A continuación, profundizaremos en los hechos concretos que han alimentado este proceso de desencanto, abarcando cada poder del Estado y otros estamentos de poder. Veremos que la “indecencia” — entendida como la anteposición del interés personal o de grupo por sobre el bien común y las normas éticas — se ha expresado en múltiples formas: cohecho, malversación de fondos públicos, financiamiento ilegal de la política, tráfico de influencias, colusión empresarial, nepotismo y más. Muchos de estos casos, además, nunca llegan a sanciones ejemplares, lo que refuerza la sensación de impunidad y la idea de que en Chile “el que hace trampa, gana”.

Corrupción en la política: dinero y poder por sobre el bien común

La relación perniciosa entre política y dinero ha sido uno de los ejes centrales de la corrupción en Chile. Varios casos de financiamiento irregular de campañas y partidos quedaron al descubierto a partir de 2014–2015, destapando una práctica extendida en la que grandes empresas financiaban ilegalmente a políticos de distintos sectores a cambio de favores o influencia. Entre los más notorios destacan:

• Caso Penta (2014): Partió como una investigación tributaria contra los dueños del grupo empresarial Penta (Carlos Délano y Carlos Lavín), pero rápidamente reveló un esquema de boletas falsas para desviar dinero a campañas electorales de candidatos principalmente del partido UDI (derecha), aunque también salpicó a figuras de centroizquierda. Documentos del SII mostraron que Penta evadió impuestos por sobre $2.000 millones mediante estas operaciones durante elecciones de 2009–2013. Políticos involucrados incluyeron a Ena von Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Ernesto Silva, entre otros. Si bien el caso provocó enorme indignación pública y llevó a reformar la ley de financiamiento electoral, la sanción final fue percibida como muy indulgente. En 2018, los controladores de Penta fueron condenados únicamente a 4 años de libertad vigilada (pena remitida), una multa equivalente al 50% de lo evadido y la obligación de asistir a clases de ética empresarial. La imagen de dos poderosos empresarios evitando la cárcel y “castigados” con cursos de ética se convirtió en símbolo de impunidad y doble estándar de la justicia, alimentando la frustración ciudadana. (De hecho, ambos cumplieron 33 horas de clases en una universidad privada para dar por saldada su deuda con la sociedad).
• Caso SQM (2015): Similar al anterior, pero involucrando a Soquimich (SQM) –empresa minera no metálica entonces controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet– que también financió ilegalmente a políticos de diversos partidos mediante boletas ideológicamente falsas. El caso golpeó a figuras de la entonces gobernante Nueva Mayoría (centroizquierda) y a opositores, demostrando que el problema era transversal. Si bien varias personas fueron imputadas, muchas causas terminaron sobreseídas o en salidas alternativas. En 2018, el entonces fiscal nacional Jorge Abbott (nombrado en 2015) fue criticado por dar un giro más complaciente a estas investigaciones, privilegiando soluciones negociadas en vez de llevar a juicio a todos los responsables. Hubo acusaciones de que cambios en la cúpula persecutora y del Servicio de Impuestos Internos (SII) respondieron a presiones políticas para frenar el ímpetu inicial de estas causas, permitiendo que algunas prescribieran. Por ejemplo, el fiscal Carlos Gajardo –uno de los líderes de la indagatoria– renunció en 2018 denunciando obstáculos para llevar el caso SQM a juicio oral. Estos hechos consolidaron la percepción de que “los poderosos se protegen entre sí” y que el sistema está diseñado para que los delitos de cuello y corbata queden impunes.
• Caso Corpesca (2016): Expuesto en paralelo a los anteriores, se centró en sobornos de la empresa pesquera Corpesca (del Grupo Angelini) a legisladores a cambio de favorecer sus intereses en la Ley de Pesca de 2012. El exsenador Jaime Orpis (UDI) y la exdiputada Marta Isasi recibieron pagos ilegales de Corpesca mientras tramitaban dicha ley. Tras un extenso proceso, Orpis fue condenado en 2021 a 5 años y un día de cárcel efectiva por cohecho y fraude al fisco, convirtiéndose en el primer senador chileno en recibir prisión por corrupción. Isasi recibió una pena menor (50 días) y una multa. Aunque en este caso sí hubo una sanción mayor para Orpis, la Ley de Pesca cuestionada aún sigue vigente en gran medida, y el episodio reforzó la idea de que algunas leyes se “compraron” con dinero empresarial. De hecho, la ciudadanía suele referirse despectivamente a esa normativa como “Ley Longueira” (por el exministro Pablo Longueira, también implicado en dineros de SQM) o “Ley Corpesca”, considerándola símbolo de la captura del legislador por intereses privados.
• Caso Caval (2015): Un caso de tráfico de influencias que golpeó directamente a la entonces presidenta Michelle Bachelet, minando su autoridad moral. Su hijo, Sebastián Dávalos, gestionó en 2013 (cuando Bachelet aún no asumía su segundo mandato) un millonario préstamo bancario para la empresa de su esposa (Natalia Compagnon, dueña de Caval) con el objetivo de comprar terrenos en Machalí, los cuales aumentaron de valor tras cambios regulatorios. La sola noticia de que el hijo de la Presidenta obtenía un préstamo de 10 millones de dólares del Banco de Chile en condiciones expeditas desató acusaciones de tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada. Dávalos debió renunciar a su cargo público y Bachelet enfrentó un desplome en su aprobación. Tras una larga investigación, los cargos contra Dávalos fueron sobreseídos por falta de pruebas, pero el daño político estaba hecho: para muchos, Caval representó cómo hasta las más altas autoridades permitieron privilegios familiares, contradiciendo el discurso de probidad. El caso también alimentó la idea de “la justicia de los poderosos”, pues pese a las sospechas fundadas, el hijo de la mandataria no enfrentó consecuencias penales.

Estos son sólo algunos de los casos más connotados de corrupción político-empresarial en la era democrática. La lista continúa: desde el Caso Inverlink (fraude financiero que implicó la sustracción de fondos de Corfo en 2003), pasando por el escándalo de Chiledeportes (desvío de fondos públicos deportivos a operadores políticos en 2006), hasta episodios más recientes como el Caso Luminarias LED (presuntos sobornos en licitaciones municipales de iluminación). Todo ello dibuja un patrón alarmante: sectores significativos de la clase política chilena, de todos los colores, han antepuesto intereses particulares o de sus financistas por sobre el deber público, traicionando la confianza de sus electores.

Peor aún, muchos casos han tenido desenlaces insatisfactorios. Como vimos, pocos responsables pisan la cárcel, y cuando lo hacen suele ser por breves periodos o penas sustitutivas. Según recuentos publicados, entre 2017 y 2022 hubo 35 condenas a políticos de distintos partidos, liderando la lista la UDI y RN (ambos de derecha). No obstante, la gran mayoría de los condenados recibió penas menores (remitidas, multas o servicios comunitarios). Esta falta de castigo ejemplar refuerza la idea de impunidad. Un ejemplo burlesco que quedó en la memoria colectiva, como mencionamos, fueron las clases de ética de los controladores de Penta, o las condenas de “pena remitida” (prisión con suspensión condicional) para varios involucrados en casos de fraude al fisco. Todo esto envía la señal de que en Chile robar millones al erario o violar leyes de financiamiento político puede salir muy barato, sobre todo si se cuenta con buenos contactos.

Malas prácticas en el Congreso: entre el cuoteo y el amiguismo

El Poder Legislativo tampoco ha escapado a la indecencia y posee sus propios vicios históricos. Uno de ellos es el llamado “cuoteo político”, la práctica consistente en repartirse cargos o decisiones entre partidos mediante acuerdos por conveniencia mutua, más que por mérito o transparencia. Esta lógica imperó durante años en el Congreso binominal, donde los dos grandes bloques (Concertación y Alianza) se alternaban presidencias de comisiones, asignaciones y designaciones externas. Un efecto del cuoteo ha sido, por ejemplo, la forma en que se nombran altas autoridades que requieren aprobación del Senado, incluyendo ministros de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, consejeros del Banco Central, etc. En vez de evaluar únicamente las competencias, los parlamentarios suelen negociar “paquetes” de nombramientos para asegurar cupos a personas afines a cada sector. Tal fenómeno ha sido duramente criticado por expertos ya que erosiona la independencia de poderes. Como señaló un columnista, en Chile los jueces no son designados en base a puro mérito técnico, sino mediante “un cuoteo político” que obedece a equilibrios partidistas. Incluso miembros del propio sistema reconocen esta realidad; por ejemplo, en 2019 trascendió que la entonces ministra de la Suprema Rosa María Maggi denunció presiones políticas en ciertos nombramientos judiciales. La situación es tan seria que se habla de la necesidad de reformar los sistemas de nombramiento para blindarlos de influencias partidarias.

Otra mala práctica asociada al Congreso ha sido el nepotismo y abuso de asignaciones parlamentarias. Durante años se toleró que diputados y senadores contrataran como “asesores” a amigos, parientes o militantes sin las competencias adecuadas, pagándoles con fondos públicos. Un escándalo sonado fue el de las asesorías parlamentarias fantasma (destapado por la prensa en 2017–2018), donde se descubrió que varios legisladores habían rendido informes copiados de Internet o trabajos irrelevantes elaborados por sus asesores externos, pese a haberles pagado sumas millonarias. En algunos casos, las supuestas consultorías ni siquiera existían (había consultoras de papel usadas para desviar dineros). Si bien se abrieron investigaciones administrativas y judiciales, prácticamente ningún parlamentario fue sancionado penalmente, aduciendo que la normativa interna era poco clara. No obstante, el episodio evidenció una ética laxa en el manejo de recursos públicos por parte de ciertos congresistas.

También ha sido escandaloso el caso de las llamadas “dietas parlamentarias” (sueldo y beneficios de los legisladores). Chile tiene uno de los estipendios parlamentarios más altos en relación al ingreso medio de la población. Durante mucho tiempo, el Congreso se resistió a reducir estos montos o a eliminar privilegios (como pasajes en business class, viáticos abultados o jubilaciones especiales). Solo tras el estallido social de 2019, y ante la presión ciudadana por la austeridad, se aprobó una rebaja del 25% en la dieta, pero los salarios siguen siendo elevados en comparación internacional. La percepción ciudadana ha sido que muchos parlamentarios “viven en un Olimpo”, desconectados de la realidad del chileno común, más preocupados de mantener sus prerrogativas que de servir con humildad. Esto se vincula con la “indecencia” entendida como falta de vocación de servicio público genuino: se ve el cargo más como una posición de estatus y poder que como un mandato para trabajar por el bien común.

Adicionalmente, ha habido casos de corrupción concreta en el Legislativo. Mencionamos el Caso Coimas (que involucró a un senador y varios diputados en 2002). Más recientemente, algunos parlamentarios fueron imputados en las aristas del financiamiento irregular ya descritas (Penta, SQM). Incluso un senador en ejercicio (Jaime Orpis) terminó preso por corrupción, como señalamos. Todo ello ha contribuido a que el Congreso chileno sea hoy una de las instituciones peor evaluadas en cuanto a confianza. Encuestas recientes muestran cifras bajísimas: apenas 1% de los ciudadanos declara confiar en los partidos políticos y en los parlamentarios. Este dato estremecedor –sólo 1 de cada 100 chilenos confía en sus representantes legislativos– resume hasta qué punto el descrédito se ha apoderado del Poder Legislativo.

Poder Judicial bajo sospecha: pérdida de integridad en la justicia

Durante años se pensó que el Poder Judicial chileno se mantenía relativamente incólume de la corrupción, al menos comparado con otros países de la región. Sin embargo, en la última década han emergido casos que también han golpeado la reputación de jueces y fiscales, revelando tráfico de influencias, conflictos de interés e incluso sobornos en la administración de justicia.

El episodio más grave fue el Caso Jueces de Rancagua (2019). Tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua fueron investigados por presuntos actos de corrupción: Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Las acusaciones incluyeron intervenciones indebidas en causas para favorecer a terceros, filtración de información judicial reservada, nombramientos de familiares en cargos judiciales y solicitudes de pagos ilícitos a cambio de decisiones. En concreto, se descubrió que el ministro Elgueta, por ejemplo, habría recibido $1 millón de pesos de un juez inferior (Gianni Libretti) a cambio de favores, además de presionar para que su exesposa y otras personas cercanas obtuvieran puestos en el Poder Judicial. Por su parte, el ministro Vásquez nombró a su hija en un tribunal de su jurisdicción y fue acusado de formar una sala “a la medida” para sobreseer a Sebastián Dávalos (el hijo de Bachelet) en el Caso Caval, lo que despertó sospechas de favoritismo. La reacción de la Corte Suprema ante estos hechos fue contundente: en agosto de 2019, el pleno de ministros decidió remover de sus cargos a Elgueta y Vásquez por falta grave a la probidad (el tercero, Albornoz, ya había renunciado antes). Fue la primera vez en décadas que se expulsaba a ministros de Cortes de Apelaciones por corrupción, un hecho inédito que remeció al Poder Judicial. El entonces presidente de la Suprema, Haroldo Brito, reconoció el duro golpe que esto significaba y la necesidad de trabajar para “recuperar la confianza en la institución”.

El caso Rancagua mostró que la “red de influencias” también puede permear a la justicia. Se revelaron audios y testimonios que dejaban ver cómo ciertos abogados operadores lograban conexiones con jueces para torcer fallos o conseguir nombramientos. Uno de esos operadores era un poderoso abogado de la plaza, Luis Hermosilla, mencionado en chats y grabaciones recientes por su cercanía con altos funcionarios (incluso con un director de la PDI, a quien habría ayudado a instalar en el cargo). De hecho, en 2023 explotó el llamado “Caso Audio”, donde Hermosilla y otros fueron grabados coordinando un posible soborno al SII y presumiendo de contactos dentro del gobierno y la policía para frenar investigaciones. Esta trama confirmó temores de que existe una red transversal de corrupción dentro del Estado y sus órganos auxiliares, donde abogados, políticos, fiscales y policías podrían estar coludidos para favorecer a ciertas élites. Una columna de CIPER resumió la gravedad: “Los casos Penta-SQM, ‘pacogate’, ‘milicogate’, convenios (fundaciones), jueces de Rancagua, fraudes en municipalidades… un largo etcétera de recientes revelaciones de corrupción en la administración del Estado” debería impulsar una cruzada nacional contra este flagelo, “con rigor y sin impunidad, porque nos jugamos el futuro de nuestras instituciones y de la democracia”. En otras palabras, el propio mundo judicial entiende que la corrupción ya no es excepcional ni ajena a sus filas, sino parte de un patrón sistémico que amenaza el Estado de Derecho.

Por otro lado, ha habido cuestionamientos a autoridades del Ministerio Público (fiscales) por su cercanía con sectores políticos. El anterior Fiscal Nacional, Jorge Abbott (2015–2022), fue muy criticado por reuniones con senadores investigados y por declaraciones donde sugirió no “conmocionar” al sistema político con las investigaciones de financiamiento irregular. Varios exfiscales lo acusaron de ejercer un liderazgo poco firme contra la corrupción de cuello blanco. Abbott terminó su periodo con una imagen desgastada, y el proceso para nombrar a su sucesor en 2022 también estuvo rodeado de polémicas y vetos cruzados en el Senado, alimentando la percepción de cuoteo y cálculo político en un cargo que debería ser estrictamente técnico.

En suma, el poder judicial chileno ha visto mancillada su imagen de imparcialidad. Las encuestas así lo reflejan: según el estudio nacional Bicentenario UC 2023, solo un 6% de los ciudadanos declara confiar en los tribunales de justicia, una cifra paupérrima que compite con la del Congreso. Si la justicia — último recurso del ciudadano común frente al abuso — es percibida como corrupta o politizada, el contrato social sufre un daño incalculable. Como apuntó un analista, la indignación pública ante estos casos es grande, pero al menos indica que Chile conserva “capacidad de asombro”: la sociedad no se ha anestesiado y exige cambios. De hecho, luego de Rancagua se debatió una reforma al sistema de nombramiento de jueces superiores, aunque sin avances concretos hasta ahora. La lección es que la integridad judicial, pilar de cualquier democracia sana, también requiere ser resguardada de la indecencia que ha permeado otros ámbitos.

Instituciones armadas y policiales: cuando los guardianes también roban

Otro componente de esta crisis moral ha sido descubrir que instituciones tradicionalmente respetadas como Carabineros y las Fuerzas Armadas también protagonizaron grandes desfalcos y delitos financieros. Estos casos son especialmente chocantes porque se trata de los organismos encargados de la seguridad nacional y el orden público –es decir, guardianes de la patria– involucrados ellos mismos en malversación del dinero de todos los chilenos.

El más bullado es el llamado “Pacogate”, destapado en 2017. Se trata del mayor fraude conocido en la historia de Carabineros (y uno de los mayores del país): una red interna en la policía uniformada desvió fondos públicos durante al menos una década (2006–2017). El monto malversado fue creciendo conforme avanzó la investigación, superando los $35.000 millones de pesos (~USD 50 millones) en 2020, lo que llevó a calificarlo como “el fraude más grande en la historia de Chile” según la propia Fiscalía. En total, 132 personas fueron formalizadas por este caso, entre ellos oficiales de alta graduación e incluso un ex General Director de Carabineros, Eduardo Gordon. ¿Cómo operaba esta trama? Básicamente, funcionarios de Finanzas de Carabineros emitían pagos falsos y luego repartían el dinero: se ha descrito, por ejemplo, que un capitán con sueldo de $2 millones movía cientos de millones en su cuenta, se quedaba con un 10% y entregaba el resto a la “asociación ilícita” de superiores. Las alarmas saltaron en 2015 gracias a reportes de bancos por movimientos sospechosos, pero las explicaciones internas inicialmente lo atribuyeron a “errores contables”. Solo en 2016–2017, tras investigaciones formales, se develó la magnitud real del fraude. El escándalo implicó la caída del entonces General Director Bruno Villalobos (quien renunció en 2018 en medio de la crisis institucional) y una reformulación completa del alto mando. A la fecha, varios exoficiales están siendo enjuiciados; sin embargo, el juicio oral principal ha sido lento y complejo dado el número de acusados. “Pacogate” tuvo un efecto devastador en la confianza pública: Carabineros, otrora institución muy respetada, vio desplomarse su aprobación. Tras el escándalo, encuestas de 2017–2018 mostraban niveles bajísimos de confianza en la policía. (Cabe mencionar que luego, tras el estallido de delincuencia y orden público de 2019–2021, esa confianza repuntó algo; a inicios de 2024, un 38% decía confiar en Carabineros, todavía lejos de antaño pero recuperándose). En cualquier caso, Pacogate dejó la inquietante conclusión de que durante años Carabineros careció de controles financieros básicos y algunos de sus líderes aprovecharon para enriquecer ilícitamente a costa del erario.

En el Ejército ocurrió algo similar con el llamado “Milicogate” (destapado en 2014–2015). Aquí el fraude giró en torno al uso de la Ley Reservada del Cobre, un mecanismo por el cual un porcentaje de las ventas de cobre de Codelco iba directo a presupuestos militares sin mayor fiscalización civil. Aprovechando esa opacidad, oficiales del Ejército emitieron facturas falsas y inflaron contratos para desviar fondos hacia cuentas personales. El semanario The Clinic reveló en 2015 que existían boletas truchas por montos menores (para eludir controles) que en conjunto sumaban millones de dólares. Uno de los casos más escandalosos fue saber que un cabo del Ejército gastó $2.000 millones de pesos en casinos de juego con dinero de estos fondos reservados. Cuando se hizo público, hubo un fuerte rechazo ciudadano y se desplomó la aprobación de las Fuerzas Armadas. A raíz de Milicogate se procesó por primera vez a ex Comandantes en Jefe: el general Juan Miguel Fuente-Alba, que lideró el Ejército entre 2010–2014, fue procesado y encarcelado preventivamente en 2019 acusado de enriquecimiento ilícito y malversar miles de millones durante su gestión. Se detectó que Fuente-Alba no podía justificar un incremento patrimonial enorme (tenía autos de lujo, propiedades y gastó sumas exorbitantes en efectivo). Y no fue el único: también el general sucesor Humberto Oviedo fue investigado por hechos similares. Estos procesos judiciales siguen en curso, pero han marcado un hito: por fin altos mandos militares rindiendo cuentas ante la justicia por corrupción y robos al Fisco (algo impensable años atrás, cuando la justicia militar encubría este tipo de delitos).

Asimismo, no podemos dejar de mencionar la larga sombra del dictador y tirano Augusto Pinochet en la corrupción de las FF.AA. Si bien su régimen fue anterior a 1990, los efectos se arrastran hasta hoy. Pinochet, que siempre proyectó una imagen pública de austeridad, resultó ser uno de los ladrones más grandes del erario: a partir del Caso Riggs (2004) se destapó que él y su familia ocultaron fortunas en cuentas secretas en el extranjero. En 2005 se identificaron más de US$21 millones en cuentas de Pinochet, de los cuales al menos US$17,8 millones no tenían justificación de origen legítimo (es decir, provenían de fondos públicos desviados, como gastos reservados de la Presidencia y el Ejército). Pinochet murió en 2006 impune, sin ser condenado, pero las acciones judiciales continuaron contra sus bienes. En 2025, en un hecho histórico, la justicia civil falló que los herederos de Pinochet deben restituir cerca de US$16 millones al Fisco por el dinero malversado por el dictador. El fallo estableció que quedó acreditado que Pinochet incurrió en “sustracción de caudales públicos” durante su mandato, acumulando ingresos injustificados millonarios. Aunque tardía, esta sentencia simbólica confirma oficialmente que Pinochet fue no solo un tirano, sino también un ladrón de recursos públicos. Sus descendientes ahora están obligados a devolver parte de lo robado, cerrando (si las apelaciones lo permiten) un larguísimo capítulo de corrupción impune. Mencionamos este hecho porque enlaza con el presente: muchos de los oficiales implicados en Milicogate formaron su carrera bajo la lógica corrupta instaurada en dictadura (donde el desvío de dineros, como los “Pinocheques” o venta de armas, era moneda corriente). La falta de un saneamiento institucional profundo tras 1990 permitió que esas mañas continuaran latentes.

Finalmente, cabe señalar que las policías civiles también han enfrentado escándalos, aunque de menor escala pública. Un exdirector de la PDI (Héctor Espinosa) fue acusado en 2021 de malversar gastos reservados durante su gestión y está siendo juzgado. Y en Carabineros, además del fraude financiero ya descrito, se han sumado escándalos de otra índole: por ejemplo, la llamada “Operación Huracán” (2018), un montaje de inteligencia con pruebas falsas contra líderes mapuche, que reveló prácticas antiéticas y encubrimientos al interior de la institución. Todo esto ha contribuido a una crisis integral de confianza.

Colusión y corrupción en el mundo empresarial: indecencia del poder económico

No solo en el ámbito público se observan estas falencias éticas; las élites económicas privadas en Chile también han incurrido en graves faltas a la probidad, menoscabando el bienestar común por codicia. La palabra “colusión” se hizo tristemente célebre en el país por una seguidilla de carteles empresariales descubiertos en los últimos 15 años, los cuales perjudicaron directamente a los consumidores. Estos casos reflejan la misma lógica de indecencia: grandes compañías, muchas lideradas por integrantes de la élite económica, violaron la ley y la confianza del público en pos de utilidades ilícitas, aprovechándose de la ciudadanía. Algunos ejemplos de colusiones emblemáticas:

• Colusión de las Farmacias (2007–2008): Las tres mayores cadenas de farmacias del país (Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand) acordaron concertadamente subir los precios de más de 220 medicamentos esenciales, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. El Fiscal Nacional Económico destapó el caso en 2009, revelando correos que probaban cómo las cadenas se repartían alzas de precios de fármacos para maximizar ganancias a costa de los enfermos. El escándalo indignó al país: medicamentos para diabetes, anticonceptivos, antidepresivos, etc., aumentaron de precio coordinadamente hasta un 50% o más. Si bien las empresas fueron multadas y debieron compensar al público (se fijó una indemnización colectiva de unos US$2,6 millones), ningún ejecutivo fue a la cárcel porque la legislación chilena no contemplaba penas de cárcel por colusión en ese entonces. La sanción económica además fue considerada baja en relación al daño causado. Este caso mostró una alarmante falta de valores en la dirigencia empresarial: jugar con la salud de la población por unos puntos extra de margen comercial.
• Colusión del Papel Higiénico (2015): Apodada popularmente “Colusión del confort”, involucró a las dos empresas que dominaban el mercado de papel tissue en Chile (CMPC, del grupo Matte, y SCA, ex Pisa). Durante casi una década (2000–2011) ambas compañías pactaron cuotas de mercado y precios para productos básicos como papel higiénico, servilletas y pañuelos. La Fiscalía Nacional Económica descubrió el cartel en 2015, gracias a un mecanismo de “delación compensada” donde una empresa confesó a cambio de inmunidad. Se estimó que este cartel afectó gravemente el bolsillo de todos los chilenos, al mantener artificialmente altos los precios de artículos de primera necesidad por años. Otra vez, las empresas fueron sancionadas con multas (CMPC aceptó voluntariamente compensar a los consumidores con aproximadamente $7.000 cada uno en 2018, una suma simbólica) y la Corte Suprema impuso una multa equivalente a unos US$15 millones a CMPC. Pero al igual que en farmacias, ningún gerente terminó preso, pues la legislación antimonopolios recién a raíz de este caso se endureció para incluir potenciales penas de cárcel hacia el futuro. La percepción pública fue de impotencia e indignación: dos de las familias empresariales más poderosas de Chile habían robado en la cara a la ciudadanía, y el castigo fue relativamente blando en términos personales. Se arraigó así la expresión “ladrones de cuello y corbata” para referirse a estos empresarios indecentes.
• Otros carteles: Hubo además colusión en el mercado de los pollos (productoras avícolas coordinando cuotas de producción, descubierto en 2011), colusión de los refrigerantes (2016), de los transporte de valores (2017), entre otros. Cada nuevo caso reforzó la idea de que en la cúspide del poder económico chileno faltó ética y sobró avaricia, y que muchas grandes fortunas no se forjaron solo con esfuerzo legítimo sino también haciendo trampa al mercado.

Por otra parte, también ocurrieron fraudes corporativos que lesionaron la confianza. Un caso paradigmático fue el de la multitienda La Polar (2011), que maquilló sus estados financieros por años y realizó repactaciones unilaterales engañosas a más de 1 millón de clientes. Cuando esto salió a la luz, la empresa se desplomó y miles de ahorrantes minoristas perdieron sus inversiones. Los ejecutivos responsables enfrentaron juicios, pero nuevamente con consecuencias menores comparadas al daño provocado. Hechos así dejaron en claro que la corrupción no es sólo patrimonio del sector público: la indecencia campea también en la empresa privada, y su perjuicio a la sociedad (en precios injustos o pérdida de ahorros) es igualmente condenable.

En resumen, las élites económicas chilenas –muchas de las cuales también tienen vínculos con la élite política, a través de lobby, financiamiento o puertas giratorias– han aportado lo suyo a esta crisis moral. La colusión y otros delitos empresariales quebrantaron la confianza en el mercado y en el modelo económico. Chile, que se preciaba de tener una economía seria y un empresariado moderno, vio cómo algunos de sus íconos empresariales caían en prácticas dignas de “la ley de la selva”. Esto confirmó la tesis de que el problema es sistémico y cultural: abarca a dirigentes de todos los ámbitos que, guiados por la codicia o el afán de poder, actúan indecentemente sin importarles el bien común.

El resultado: desconfianza social generalizada y erosión democrática

Tantas decepciones han tenido un costo enorme en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones. Como hemos ido adelantando, los niveles de confianza pública en prácticamente todos los órganos del Estado chileno se encuentran por el suelo. Diversos sondeos lo confirman. La Encuesta Nacional Bicentenario 2023 de la Universidad Católica, por ejemplo, arrojó cifras demoledoras: sólo un 6% confía en el Gobierno, un 1% en los partidos políticos, 1% en el Congreso y 6% en la justicia. Es decir, más del 90% de los chilenos desconfía de sus principales instituciones políticas. Las únicas entidades que escapaban un poco a esa regla eran las universidades (46% de confianza) y, paradójicamente, las Fuerzas Armadas (39%) y Carabineros (38%), que tras haber caído por sus escándalos, recuperaron algo de credibilidad en 2023 posiblemente por su rol frente a la crisis de seguridad. Pero aun así, menos de la mitad confía en ellas. En perspectiva histórica, décadas atrás estas cifras eran notablemente más altas; la desconfianza se ha agudizado tras cada nuevo caso de corrupción sonado.

Chile solía exhibir cierta autocomplacencia con respecto a la corrupción, creyendo que era un mal menor comparado con otros países latinoamericanos. Sin embargo, indicadores internacionales reflejan el deterioro reciente. El Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional) de 2024 ubicó a Chile en el puesto 32, el peor ranking de su historia, cayendo desde posiciones cercanas al top 20 que tuvo a inicios de la década pasada. Aunque TI señala que la comparación de puntajes debe ser matizada (Chile aún está en promedio OCDE en control de corrupción), la tendencia es clara: hubo un quiebre significativo en 2015 ligado a la seguidilla de casos Penta, SQM, Caval y Corpesca, y desde entonces la percepción no ha mejorado sustancialmente. Eduardo Engel, quien presidió la comisión anticorrupción ese año, apunta que Chile se percibe mucho más corrupto hoy en parte porque ahora conocemos más casos que antes, ya sea porque antes no existían o porque no nos enterábamos. Es decir, hay un elemento positivo: mayor fiscalización, prensa más inquisitiva y organismos más autónomos han sacado a la luz hechos que en el pasado pudieron ocultarse. Pero eso a su vez ha “normalizado” en la conversación diaria el tema de la corrupción, generando una sensación de país capturado por la indecencia. La ciudadanía compara con un pasado idealizado “cuando no había tantos escándalos” y siente que hoy todo está podrido –aunque quizás antes también ocurrían cosas, solo que sin escrutinio.

En cualquier caso, la crisis de confianza es real y tiene consecuencias. Sociólogos advierten que cuando las personas dejan de creer en las instituciones formales, pueden buscar canales alternativos (a veces riesgosos) de expresión, o caer en la apatía y el nihilismo político. Ya se ha visto un aumento del voto voluntario en blanco o nulo en elecciones pasadas, y solo el voto obligatorio reciente ha vuelto a movilizar a muchos, pero más para castigar que para construir. La legitimidad erosionada de las autoridades dificulta la gobernabilidad: cada medida del gobierno o del Parlamento es mirada con sospecha sobre sus motivaciones. Peor aún, este caldo de cultivo es terreno fértil para el populismo antisistema. Como advierte Engel, “los casos de corrupción que no se abordan abonan el camino para que líderes populistas lleguen al poder con la bandera anticorrupción para luego debilitar las instituciones”. Es un fenómeno visto en otros países: la indignación contra la élite abre paso a caudillos que prometen “limpiar la ciénaga” pero terminan socavando aún más la democracia. En el caso chileno, ya en la elección de 2021 vimos candidaturas outsider capitalizando el hastío (la alta votación inicial de Franco Parisi, un candidato que ni siquiera volvió a Chile para campaña, reflejó un voto anti-establishment importante). Y las encuestas actuales muestran que la clase política tradicional tiene poco espacio de maniobra si no recupera pronto la confianza ciudadana.

​​En vísperas de las próximas elecciones, Chile se encuentra en una encrucijada. La situación descrita no es solo un juego de poder entre partidos, sino un desafío a la madurez democrática de la nación. Es crucial que los ciudadanos analicen críticamente las propuestas y trayectorias de quienes buscan liderarlos. Asimismo, se espera de los candidatos un diálogo de altura, centrado en soluciones concretas más que en eslóganes incendiarios, para reconectar con una ciudadanía hastiada de promesas vacías.

Conclusión: hacia la recuperación de la decencia pública

A lo largo de este ensayo hemos constatado con evidencia que el mayor problema que adolece Chile en las últimas décadas es precisamente esta “indecencia” generalizada en la conducta de muchas de sus élites dirigentes. Lejos de encarnar los valores de servicio público, honestidad y búsqueda del bien común que la ciudadanía espera, numerosos líderes políticos, económicos e institucionales han caído en prácticas corruptas o antiéticas. Desde cohechos y malversaciones hasta colusiones para inflar precios, los casos concretos abundan y han abarcado todos los poderes del Estado: hemos revisado escándalos en el Ejecutivo (Caval, financiamiento ilegal, MOP-GATE), en el Legislativo (coimas, tráfico de influencias, asesorías fantasma), en el Judicial (magistrados corruptos en Rancagua, cuoteo en nombramientos), en Carabineros (fraude masivo Pacogate) y Ejército (Milicogate), e incluso en el sector privado (colusiones de mercados). La decadencia moral, por tanto, no reconoce color político ni ámbito; ha sido un fenómeno transversal.

Asimismo, confirmamos que muchos de estos casos terminaron “en nada” o con sanciones insuficientes, lo que agravó la frustración ciudadana. El sentimiento de impunidad –de que los poderosos se protegen entre sí y escapan de la justicia– cala hondo. Un indicador extremo de esta desconfianza es que chilenos de a pie llegan a afirmar que “todas las instituciones están corruptas”, metiendo en el mismo saco a políticos, jueces, militares, empresarios e incluso organizaciones de la sociedad civil. Si bien eso es una generalización injusta (hay sin duda miles de servidores públicos íntegros y empresarios honestos), la percepción devora la excepción: lo que queda en el imaginario colectivo es la seguidilla de malas noticias que estos años han traído.

¿Qué hacer frente a este panorama? El primer paso es reconocer el problema en toda su magnitud –sin negacionismo ni autoindulgencia– y entender que está en juego la salud de la democracia misma. La corrupción, como señaló una lectora en CIPER, implica que individuos conscientes deciden traspasar todas las normas de convivencia por egoísmo, demostrando que para ellos el poder y el éxito personal importan más que los valores morales. Esto ha causado “tanto daño al país y a la democracia”, rompiendo la confianza y el espíritu de las leyes. Recuperar la decencia pública requerirá un esfuerzo sostenido y multisistémico:

Por un lado, se necesitan reformas institucionales profundas que cierren espacios a la corrupción. Algunas ya se han intentado: tras los escándalos de 2015, la comisión Engel propuso más de 200 medidas, de las cuales varias se implementaron (financiamiento electoral 100% público y prohibición de donaciones empresariales, límites a la reelección de parlamentarios y alcaldes, ley de transparencia del lobby, reforma de partidos, etc.). Esos fueron “avances sustantivos”, pero insuficientes. Hoy, tras los casos Fundaciones (Convenios) y Caso Audio de 2023, está pendiente aprobar nuevas leyes: por ejemplo, crear un Registro de Beneficiarios Finales de empresas para evitar uso de sociedades pantalla en corrupción y lavado, o reformar el sistema de nombramientos del Poder Judicial para que los criterios técnicos primen sobre la cuoteo. Lamentablemente, hasta ahora el Congreso no ha mostrado la urgencia necesaria –Engel critica que no se han hecho reformas tras estos últimos escándalos–, quizás porque “las reformas les quitan poder a quienes deben aprobarlas”. Sin embargo, es imperativo que la clase política, si quiere sobrevivir, se ponga a la altura: apruebe esas transformaciones aunque vayan contra su interés inmediato, y fortalezca los organismos de control (Contraloría, Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado) dándoles más independencia y recursos.

Por otro lado, hay un componente cultural y ético. Debe revitalizarse la noción de probidad y vocación de servicio en la función pública. Ello pasa por educación (desde colegios hasta formación de funcionarios), por liderazgo ejemplar desde la cima (que los altos mandos modelen conducta intachable) y por un compromiso real de tolerancia cero a la corrupción al interior de partidos, instituciones y empresas. Significa que cuando aparezca una “manzana podrida”, la institución no la proteja corporativamente sino que la expulse y colabore con la justicia. Implica también seguir fomentando la transparencia activa y la participación ciudadana en la fiscalización (hoy la prensa investigativa, sitios como CIPER o la Fundación Ciudadanía Inteligente, y los propios ciudadanos mediante redes sociales, cumplen un rol importante destapando hechos). La indignación social, bien canalizada, puede ser un motor de cambio positivo: como dice Engel, en Chile aún nos “asombramos e indignamos” con la corrupción, y eso ha forzado respuestas y reformas en el pasado. Esa llama no debe apagarse; al contrario, la presión ciudadana informada es clave para que los cambios ocurran.

En conclusión, Chile enfrenta una encrucijada moral. El viejo mantra de que éramos una “excepción honesta” en Latinoamérica ha quedado en entredicho por la realidad. Pero reconocer esta verdad puede ser el inicio de la solución. Si como sociedad logramos encarar nuestros demonios –corrupción, nepotismo, colusiones– con decisión y construir instituciones más íntegras, quizá podamos restaurar la confianza perdida. Son procesos de años, incluso generacionales, pero imprescindibles. No se trata solo de mejorar índices o apaciguar la ira ciudadana: se trata de la esencia misma de la democracia. Sin valores ni principios de bien común, el sistema se vacía de legitimidad. Como bien apuntaba CIPER, combatir la corrupción y la indecencia es una “cuestión de Estado”, donde nos jugamos el futuro de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Chile ya ha pagado un costo alto por las malas conductas de sus élites; es hora de que esas élites –y todos los ciudadanos, en nuestros respectivos roles– estén a la altura del Chile que soñamos: un país decente, donde la “alegría” de la justicia y la honestidad por fin llegue para todos.

Fuentes consultadas: Los datos y casos expuestos han sido respaldados en reportes de prensa, investigaciones académicas y columnas especializadas de medios como CIPER Chile, El País, La Tercera, DW y Wikipedia, entre otros, citados a lo largo del texto. La abundante evidencia recogida demuestra la magnitud del desafío que enfrenta Chile en materia de probidad pública y privada, desafío que sólo podrá superarse con un compromiso decidido de reformar las instituciones y un cambio cultural hacia la ética en el servicio público y empresarial.

Sobre el autor

Rodrigo Carrillo González es Ingeniero y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación, apasionado por la Sociología, Filosofía, Historia, Tecnología (Inteligencia Artificial), Desarrollo Sostenible y Educación.

Es fundador y vicepresidente de la Asociación Chilena de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible (ACHIADS) y creador del ARES-AI Framework, una metodología para la adopción Agil, Responsable-Ética y Sostenible de la IA en organizaciones. Como socio y director de Sube IA, apoya a organizaciones en la implementación ética de inteligencia artificial.

Es autor del libro “La revolución de la inteligencia artificial para alcanzar los ODS” (Amazon, 2023), donde explora cómo la IA puede contribuir a resolver los grandes desafíos globales a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Su trayectoria profesional está marcada por la convicción de que la tecnología debe estar al servicio de la dignidad humana, la equidad social y la sostenibilidad. Ha trabajado en múltiples territorios y sectores, integrando ciencia, educación, gobiernos locales y sociedad civil.

Este ensayo nace de su deseo profundo de aportar a una ciudadanía más consciente, activa y solidaria; una que no se someta acríticamente a los relatos de poder dominantes, sino que los cuestione, los transforme y construya nuevos futuros posibles desde una ética común y global.

Contacto e información adicional:

• ACHIADS: www.achiads.cl
• Sube IA: www.subeia.tech
• Libro “La revolución de la IA para alcanzar los ODS”: https://www.amazon.com/dp/B0BYYXV5VR
• LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/rorrocarrillo

“Fomentar el pensamiento crítico y el debate honesto sobre el rumbo del país será esencial para que, cualesquiera sean los resultados electorales, Chile avance hacia un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y decente.”

Rodrigo Carrillo González

Osorno, Región de Los Lagos, Chile, Agosto de 2025